Había una vez un gobernante de un país que poseía muchas acciones de una detereminada empresa a la vez que su familia estaba en altos cargos de dicha empresa o bien en otras empresas que mantenían fuertes relaciones comerciales con la primera citada. Dicho governante de vez en cuando viajaba a paises y les regalaba dinero para ayuda “humanitaria” proviniente buena parte de modestos trabajadores mediante impuestos directos o por consumo. Otra veces les ofrecía bienes fabricados por empresas públicas estatales a precios de coste o por debajo. Si la empresa estatal tenia pérdidas estas se enguajaban con los impuestos provinientes principalmente de la clase media.
Sin embargo no reagalaba “ayuda humanitaria para el desarrollo” a cualquier país u ofrecía qualquier bien como aviones o tanques militares a precio económico respecto a la comptencia, sinó que sólo lo hacía en aquellos paises en que la empresa de la cual tenía acciones o habían intereses familiares necesitase un trato de favor del gobierno. A cambio de la ayuda humanitaria o los bienes casi regalados dicha empresa obtenía contratos con la administración pública pagados por encima lo normal, a largo plazo y algunas veces en régimen de monopolio.
Un ejemplo puede ser que el presidente de X país, que tiene acciones de ABC, ofrece helicopteros militares a buen precio fabricados por una empresa pública, que siempre tiene pérdidas, al país Y. Dicho país tiene unas reservas nacionales de pretroleo y el gobernante de Y decide que la empresa ABC compre las reservas de petroleo, aunque no disponga de la tecnologia más eficiente para ejercer su actividad. Eso sí, el presiendente del país Y actuará como comisionista en la venta llevándose un porcentaje en dinero o acciones. O bien como el presidente del país Y tambien tiene intereses en determinadas empresas sucederá que el presidente del país X ofrecerá suculentos contratos públicos a las empresas de las que tiene intereses el presidente de Y.
Conclusión: Los gerentes de los poderes públicos o empresas públicas o cargos políticos no tendrían que tener ningun otro cargo, ni participaciones accionariales. Si tuviesen antes de ejercer el cargo en la administración pública tendrían la obligación de venderselas, sin pacto de recompra, a precio de mercado y el comprador no podría ser otra empresa donde algun familiar tuviese acciones. Sinó pasa lo que pasa hoy. Que con el dinero de los impuestos los gobernantes se dedican a corromperse haciendo tratos de favor entre empresas dónde tienen intereses. Normalmente es en empresas relacionadas con los recursos naturales. Este tipo de corrupción tambien existe en el sector privado. Es frecuente que los altos directivos tengan importantes participaciones en diferentes empresas, hasta las de la competencia, que pacten los precios entre ellos, por debajo del mercado si son empresas del grupo y muy altos para el consumidor final, en régimen de oligopolio. O que se repartan el mercado de manera amistosa; aunque la ley no lo permita. Pero si los políticos tienen acciones de dichas empresas la ley se vuelve ciega, muda o amiga.
Sin embargo lo más grave del sector público es que los gobernantes se dedican a corromperse con el dinero público y són las mismas empresas las que cada vez van acumulando más poder económico y político. El mercado se vuelve ineficiente, desaparece la motivación para invertir en desarrollo tecnológico y los precios no son todo lo bajos que podrían ser en condiciones de libre mercado.
El peligro principal que amenaza nuestra civilización o que supondria importantes cambios en la estructura social no son los que nos quieren hacer creer como el cambio climático, la escasez creciente de recursos naturales, el deterioro de la sanidad pública, el probable fracaso del sistema de pensiones, etc…Sinó que el gran peligro es la concentración de poder entre el mundo empresarial y el legislativo, bajo una obra teatral llamada democracia. Al menos con los romanos y griegos las normas de juego eran claras, quizá porquè no poseian unos medios de comunicación de masas. Esta concentración no fomenta la investigación, ni las nuevas tecnologias, supone una barrera de entrada para nuevos negocios, hipertrofia la importancia el vínculo de unas pocas empresas con la administración pública, genera ineficiencia productiva y el consumidor resulta perjudicado.
España se ha convertido en un país donde la clase trabajadora, la mayoría de autónomos, los muy pequeños empresarios y los trabajadores de las categorías más bajas que trabajan para la administración pública han de dedicar su vida a pagar impuestos, con los que se mantiene una clase política en algunos casos semiociosa y siempre socialmente ineficiente y algo parasitaria cuyo interés es acumular riqueza o favorecer interesadamente a ciertas empresas. El desinterés de los políticos por la vida de las clases menos favorecidas que ellos y su matrimonio financiero con las grandes empresas ha tenido en España en los últimos años una grave consecuencia que es una subida del precio del suelo muy por encima la inflación. Todavía hoy, no muestran una actitud firme por elaborar planes estatales de vivienda y apuestan por medidas encaminadas a que los precios suban más o que los empresarios puedan superar los periodos de crisis.
En resumen que cada vez vivimos más para pagar impuestos, enriquecer a grandes empresas de bienes básicos, entre los cuales también figura el dinero (bancos). La alianza entre el mundo de la política y la gran empresa, incluida la banca ha limado el crecimiento de esta país durante los años futuros.
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